La tutela del magistrado Vladimir Fernández agita la discusión sobre los límites del fuero presidenc

Un nuevo capítulo en torno a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro ha reavivado el debate jurídico y político en Colombia, esta vez protagonizado por el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del actual mandatario y hoy miembro de la Corte Constitucional. Fernández habría solicitado a sus colegas la suspensión de la investigación en curso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente.
La petición del magistrado se habría hecho a través de una tutela interpuesta por el propio presidente Petro a finales de 2024, y cuyo estudio quedó en manos de Fernández desde febrero de este año. El recurso cuestiona la competencia del CNE para investigar al presidente en ejercicio, argumentando que únicamente la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está habilitada para ello. Sin embargo, este planteamiento contradice lo establecido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que determinó que el CNE sí puede investigarlo, pero en su calidad de candidato presidencial, no como jefe de Estado.
La polémica crece porque la solicitud de medida cautelar presentada por Fernández —quien además podría estar inmerso en un conflicto de interés dada su cercanía con el presidente— busca frenar cualquier decisión del CNE hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la tutela. Según el magistrado, si el Consejo Nacional Electoral emite un fallo antes de que la Corte tome una decisión, podría producirse un “perjuicio irremediable” que vulneraría el fuero del mandatario.
La controversia se agudiza con las declaraciones del abogado Germán Calderón España, uno de los preseleccionados para llegar a la Corte Constitucional, quien defendió la solicitud de Fernández bajo el argumento de que “solamente la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede investigar y sancionar a un Presidente de la República en ejercicio de sus funciones”.
No obstante, el debate sobre la legitimidad de la actuación del magistrado ha escalado aún más por recientes revelaciones periodísticas. Según la revista Semana, la elección de Fernández como magistrado en el Senado habría sido influenciada con dineros corruptos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un escándalo en el que está involucrada la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, actualmente detenida. Este señalamiento ha motivado a diversos sectores a exigir que el togado se declare impedido para seguir conociendo el caso.
Desde Colombia Evidente, como veeduría electoral ciudadana, advertimos con preocupación la posibilidad de que conflictos de interés y cuestionamientos éticos empañen un proceso judicial de altísima sensibilidad democrática. La tutela en revisión no solo pone a prueba los alcances del fuero presidencial y la autonomía de los órganos de control, sino que también cuestiona la transparencia con la que se están manejando los hilos institucionales que deben garantizar la vigilancia sobre la financiación electoral.
Insistimos en la importancia de que todas las decisiones relacionadas con este proceso se tomen con la mayor transparencia, imparcialidad y apego a la ley. La ciudadanía merece respuestas claras, y el país necesita que sus instituciones actúen con firmeza, especialmente cuando se trata de investigar posibles irregularidades en la elección del jefe de Estado.
Colombia Evidente seguirá monitoreando de cerca este caso, recordando que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en la independencia de los poderes y en el respeto irrestricto a los principios de legalidad, ética pública y control ciudadano.