Petro convoca a Consulta Popular para lograr reformas que no pasaron en el Congreso.

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Gustavo Petro anunció una nueva estrategia: convocar una consulta popular con la que busca que los ciudadanos decidan en las urnas sobre una serie de reformas sociales que han sido bloqueadas en el Congreso.
El mandatario confirmó que el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, radicará oficialmente la consulta popular, como un homenaje a la clase trabajadora y en respuesta a lo que ha denominado la falta de voluntad del Congreso para tramitar las reformas por las que fue elegido.
El mecanismo contemplado consiste en que los ciudadanos respondan “Sí” o “No” a cada una de las preguntas. Para que tenga validez legal, la consulta debe superar el umbral de participación del 33% del censo electoral. En otras palabras, al menos 13.654.456 colombianos deben votar. Además, cada pregunta necesita la aprobación de la mitad más uno de los votos válidos para ser aprobada.
En total, el cuestionario incluirá 12 preguntas enfocadas en aspectos laborales clave, como el pago de recargos dominicales, la formalización de trabajadores informales, el fortalecimiento del empleo rural, y la eliminación de figuras como la tercerización laboral. También se abordan beneficios para jóvenes aprendices del SENA, trabajadoras del hogar, y trabajadores de plataformas digitales.
La propuesta de llevar las reformas a consulta ha encendido la discusión política en el país. Desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar.
El Centro Democrático, principal partido opositor, rechazó enérgicamente la iniciativa, señalando que el presidente Petro "pretende imponer sus reformas" tras haber sido derrotado en el Congreso. En un comunicado publicado en X, el partido aseguró que "los colombianos ya decidimos: millones de ciudadanos rechazamos sus reformas", y advirtieron que "la democracia se respeta y las instituciones no están para cumplir caprichos políticos".
Otro pronunciamiento en contra provino del Nuevo Liberalismo, el partido del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. A través de un comunicado y declaraciones del senador Juan Manuel Galán, se acusó al presidente de "querer pasar por encima de la soberanía del Congreso", al que calificaron como el legítimo representante de la voluntad popular que decidió archivar la reforma laboral.
Por el contrario, desde el oficialismo y movimientos cercanos al Gobierno, se ha respaldado con fuerza la consulta popular. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, defendió la iniciativa en su cuenta de X, y cuestionó a los críticos señalando que son “amplificadores de mentiras” y que han hecho “terrorismo mental sin argumentos”.
El partido Comunes también expresó su respaldo, con un comunicado en redes sociales impulsado por la senadora Sandra Ramírez, en el que se suman al llamado de movilización ciudadana promovido por el Gobierno para el 1 de mayo.

Además, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron al país el contenido del cuestionario, subrayando que esta consulta representa una oportunidad para que la ciudadanía valide directamente el proyecto social del Ejecutivo.
Aunque la iniciativa aún debe superar el debate en el Congreso, donde las fuerzas están divididas, el Gobierno ha dejado claro que llevará su apuesta hasta el final. Para algunos sectores, se trata de una medida legítima para consultar al pueblo en momentos de bloqueo institucional. Para otros, una maniobra política que busca saltar los contrapesos democráticos.
La consulta popular se perfila como uno de los eventos políticos más relevantes del 2025 y una prueba de fuego para la gobernabilidad del presidente Petro en la recta final de su mandato.